El fondo estatal destinado a frenar inundaciones está financiando otras necesidades del Tesoro en lugar de ejecutar las obras que la ley le manda realizar. Se trata de un caso donde los recursos están disponibles pero la ejecución brilla por su ausencia.

Dentro del sistema presupuestario existe dinero asignado específicamente para infraestructura de protección contra inundaciones. Sin embargo, esos fondos están siendo redirigidos hacia gastos generales del gobierno, dejando las obras paralizado.

El análisis de la situación identifica que el problema no es la escasez sino la gestión política de los recursos. La plata existe, está en los bancos, pero la decisión de utilizarla en lo que corresponde simplemente no se toma.

Esta práctica responde a una dinámica frecuente en la administración pública argentina: cuando surgen presiones fiscales, los fondos etiquetados para objetivos específicos se convierten en fuentes de financiamiento flexible. Los compromisos legislativos quedan subordinados a las urgencias del momento.

El costo de esta decisión lo pagan las comunidades expuestas a riesgos de inundación. Estas poblaciones esperan que se construya la infraestructura que las proteja, pero los recursos siguen siendo capturados por otras áreas del Estado.

Lo paradójico es que conviven un superávit de fondos disponibles con un déficit de obras ejecutadas. Existe dinero en las arcas, pero no se traduce en construcciones realizadas en el terreno. Esta contradicción refleja una brecha persistente entre lo que se legisla y lo que efectivamente se ejecuta en materia de políticas públicas específicas. Garantizar que los fondos asignados a determinados fines se usen realmente para esos propósitos sigue siendo un desafío pendiente.

Imagen: Leeloo The First / Pexels – Con informacion de Clarín Rural