Luego de la polémica por el amarre de VS Promise, una embarcación de bandera británica, el Gobierno provincial anunció que modificará sus mecanismos de control y establecerá nuevas pautas para este tipo de operaciones. El cambio llega después de que Nación señalara inconsistencias en el accionar fueguino y pusiera el foco sobre las responsabilidades de la Provincia en la soberanía y los reclamos territoriales por las Islas Malvinas.

El Gobierno de Tierra del Fuego anunció que avanzará con nuevos criterios para las operaciones vinculadas a buques de bandera británica luego de la polémica generada por el ingreso del petrolero VS Promise a Ushuaia.

La decisión provincial se conoció después de que el Gobierno nacional saliera públicamente a responder los cuestionamientos de la administración de Gustavo Melella y señalara que la embarcación había operado previamente bajo jurisdicción fueguina antes de aprovisionarse en el puerto de la capital provincial.

El episodio abrió una fuerte discusión política en torno a las responsabilidades de cada jurisdicción y terminó obligando a la Provincia a revisar sus propios mecanismos de actuación frente a futuras operaciones de este tipo.

Nación puso el foco sobre la responsabilidad de Tierra del Fuego

La controversia comenzó cuando el Gobierno fueguino cuestionó públicamente el amarre del VS Promise en Ushuaia por tratarse de una embarcación de bandera británica y vinculó el episodio con el histórico reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Sin embargo, desde Casa Rosada respondieron que el buque no había llegado directamente desde una operación vinculada con Malvinas, sino que había cargado petróleo crudo previamente en Río Cullen, al norte de Tierra del Fuego.

Durante su conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier explicó que la monoboya utilizada en esa operación se encuentra bajo jurisdicción provincial y sostuvo que fue el propio Gobierno fueguino el que avaló inicialmente el ingreso de la embarcación.

“El barco no solo venía de trabajar en Argentina, sino que venía de la propia provincia de Tierra del Fuego”, explicó Ravier al detallar el recorrido previo del petrolero.

La aclaración trasladó parte central de la discusión hacia el accionar de la administración fueguina, que hasta ese momento había concentrado sus cuestionamientos sobre Nación.

Melella cuestionó una operación que había pasado previamente por controles provinciales

El Gobierno nacional también explicó que la denominada Ley Gaucho Rivero no resultaba aplicable al caso, debido a que la prohibición provincial alcanza a embarcaciones relacionadas con actividades de exploración o explotación de recursos naturales en la cuenca de Malvinas.

Según la explicación oficial brindada por Ravier, el VS Promise había trabajado en la propia Tierra del Fuego antes de dirigirse a Ushuaia para aprovisionarse.

“La monoboya es jurisdicción provincial, por lo que fue el propio Gobierno fueguino quien avaló el ingreso del buque en primer lugar”, señaló el vocero presidencial.

Desde Nación remarcaron además que no existió una pérdida de soberanía y diferenciaron las responsabilidades: las autoridades fueguinas permitieron la operación previa vinculada con la carga de crudo y posteriormente las autoridades nacionales habilitaron su aprovisionamiento en el puerto.

La respuesta dejó al Ejecutivo provincial frente a una contradicción política: mientras cuestionaba públicamente la presencia de la embarcación, organismos dependientes de la propia Provincia habían participado previamente de la operatoria hidrocarburífera.

Tras la polémica, la Provincia anunció nuevos criterios

Un día después de las explicaciones brindadas desde Casa Rosada, la Secretaría de Hidrocarburos de Tierra del Fuego salió a precisar cuál había sido su intervención.

La secretaria del área, Julieta Balderramas, sostuvo que los funcionarios provinciales participan de la certificación de los volúmenes de petróleo que se exportan desde Río Cullen y de la constatación de las cantidades despachadas, aunque señaló que no intervienen directamente en el control de navegación ni en la documentación marítima de las embarcaciones.

La funcionaria reconoció que, antes de cada despacho, las compañías presentan documentación correspondiente a la exportación y que fiscalizadores provinciales intervienen desde tierra durante las maniobras de carga.

Pero el dato político más relevante llegó al final de la explicación: después de la controversia, el Ministerio de Energía provincial confirmó que comenzó a trabajar en nuevas medidas específicas y criterios para las operaciones con embarcaciones bajo pabellón británico.

El Gobierno fueguino anticipó que reforzará sus mecanismos y que establecerá pautas más claras para las operaciones, servicios e infraestructura relacionados con buques del Reino Unido o de sus territorios dependientes.

La Provincia revisará sus controles después de los cuestionamientos

El anuncio implica una modificación de los criterios utilizados hasta el episodio del VS Promise y llega inmediatamente después de que Nación pusiera públicamente el foco sobre las competencias y actuaciones provinciales.

Aunque el Ejecutivo fueguino intentó diferenciar la fiscalización hidrocarburífera del control marítimo, la decisión de revisar sus mecanismos evidencia que el episodio dejó al descubierto aspectos que hasta ahora no estaban contemplados de manera suficiente dentro de los controles provinciales.

La discusión adquiere especial relevancia en Tierra del Fuego por su vínculo directo con el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y por la sensibilidad que representa cualquier operación asociada a embarcaciones de bandera británica.

Mientras desde Nación sostuvieron que el VS Promise no infringió la legislación vigente ni comprometió la soberanía argentina, la administración de Melella terminó anunciando una revisión de sus propios criterios para evitar que una situación similar vuelva a generar cuestionamientos.

Fuentes

• Casa Rosada — Conferencia de prensa del vocero presidencial Adrián Ravier, 25 de agosto de 2026.
• 19640 Noticias — “Tras los cuestionamientos de Nación, la Provincia establecerá nuevos criterios para buques de bandera británica”, 26 de agosto de 2026.
• Agencia Noticias Argentinas — “El Gobierno dice que el buque británico fue autorizado por Tierra del Fuego y negó pérdida de soberanía”, 25 de agosto de 2026.