Después de 46 días de paro que mantuvieron a miles de alumnos fueguinos sin clases normales, el Gobierno provincial presentó una Ley de Financiamiento Educativo que buscaba sumar nuevos recursos para salarios e infraestructura. El texto original proponía cobrar un 3% adicional de Ingresos Brutos al Banco de Tierra del Fuego, llevar de 0% a 3,4% la alícuota sobre la distribución de gas y retirar parte de la recaudación que actualmente se distribuye a Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.

Las medidas generaron rechazo en la Legislatura y en sectores comerciales por el impacto que podían tener sobre costos, servicios y recursos municipales, y por la posibilidad de que parte de esas nuevas cargas terminara trasladándose a los costos que pagan los fueguinos en el día a día.

Después de uno de los conflictos docentes más extensos del año en Tierra del Fuego, el Gobierno de Gustavo Melella buscó crear una nueva fuente permanente de recursos para sostener salarios, infraestructura y equipamiento educativo.

El proyecto de Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo fue enviado a la Legislatura el 24 de septiembre, apenas una semana después de que SUTEF levantara un paro que se extendió durante 46 días. El gremio aceptó entonces la propuesta salarial provincial y la declaración de una emergencia salarial docente, mientras el Ejecutivo se comprometió a presentar un mecanismo específico para financiar el sistema educativo.

La discusión no tardó en trasladarse desde las aulas hacia los impuestos.

Tres nuevas cargas en el proyecto original

La primera versión enviada por el Ejecutivo establecía distintas fuentes para integrar un Fondo de Financiamiento Educativo.

Una de ellas era un adicional del 3% de Ingresos Brutos sobre las actividades gravadas del Banco de Tierra del Fuego, eliminando para ese adicional la exención que actualmente beneficia a la entidad provincial.

El segundo punto alcanzaba directamente al sector energético. La iniciativa proponía aplicar una alícuota del 3,4% de Ingresos Brutos sobre la distribución de gas natural, una actividad que hasta entonces estaba alcanzada por una tasa del 0%.

El tercer mecanismo generó preocupación entre los municipios: el proyecto pretendía destinar al fondo educativo el 0,5% de toda la recaudación provincial de Ingresos Brutos y establecer expresamente que esos recursos quedaran exceptuados del régimen general de distribución municipal.

En términos prácticos, una parte de recursos que hoy integra la masa a distribuir entre Ushuaia, Río Grande y Tolhuin iba a quedar afectada exclusivamente al fondo provincial.

¿Quién podía terminar pagando esas nuevas cargas?

Uno de los principales cuestionamientos apareció alrededor del efecto final de los impuestos.

En el caso del Banco de Tierra del Fuego, el legislador Federico Sciurano advirtió que un adicional del 3% podía terminar siendo absorbido a través de mayores tasas o costos financieros cobrados a los clientes del banco.

“Probablemente (…) van a terminar pagando la sobretasa o la tasa que va a poner el BTF para poder administrar ese 3% de Ingresos Brutos”, sostuvo durante el debate.

Una discusión similar se abrió alrededor del gas.

El proyecto gravaba a la empresa distribuidora, no directamente la factura del usuario. Sin embargo, distintos legisladores advirtieron que un incremento de los costos tributarios de la actividad podía terminar teniendo impacto sobre el precio final del servicio.

Sciurano sostuvo que el riesgo era que el nuevo gravamen generara “un incremento de lo que vos pagues cotidianamente o mensualmente del servicio”.

El texto original no establecía automáticamente que el 3,4% fuera trasladado de manera íntegra a las boletas de gas. Ese eventual impacto dependería de la estructura tarifaria y del marco regulatorio aplicable.

Un fondo nacido después de 46 días de paro

La propuesta apareció inmediatamente después de una extensa crisis educativa.

El 17 de septiembre, SUTEF decidió aceptar la propuesta del Ejecutivo y finalizar las medidas de fuerza después de 46 días de paro. La votación gremial terminó con un 69% de los delegados a favor de aceptar el acuerdo.

Uno de los compromisos asumidos por el Gobierno fue precisamente impulsar la nueva Ley de Financiamiento Educativo.

El Ejecutivo sostuvo que el objetivo era darle previsibilidad al sistema y generar recursos adicionales que no dependieran exclusivamente del presupuesto ordinario.

Según el proyecto oficial, no menos del 50% del nuevo fondo debía destinarse al fortalecimiento del salario docente, al menos el 25% a mantenimiento, servicios e infraestructura escolar y otro 15% como mínimo a equipamiento, tecnología y herramientas didácticas.

La Provincia también propuso avanzar, en un plazo máximo de cinco ejercicios fiscales, hacia una inversión educativa consolidada equivalente al 7,8% del Producto Bruto Geográfico fueguino.

Los impuestos generaron rechazo en la Legislatura

La búsqueda de nuevos recursos abrió rápidamente diferencias políticas.

Durante el tratamiento en comisión participaron legisladores, funcionarios de Economía y Educación, representantes gremiales y cámaras vinculadas al comercio, turismo, construcción y hotelería. Las principales objeciones se concentraron precisamente en el BTF, el gas y la afectación de recursos municipales.

Parte de la oposición sostuvo que financiar la educación mediante nuevas cargas podía trasladar el costo de la crisis hacia empresas, usuarios y gobiernos municipales.

Otros sectores coincidieron con la necesidad de generar recursos adicionales para el sistema educativo, pero plantearon la búsqueda de fuentes alternativas.

Entre las opciones discutidas aparecieron recursos provenientes de la actualización del inmobiliario rural, utilidades de empresas estatales y futuras actividades como el hidrógeno verde y la economía del conocimiento.

Melella rechazó hablar de un “impuestazo”

El gobernador defendió públicamente la iniciativa frente a las críticas.

“No es verdad que se trata de un impuestazo, es mentira”, sostuvo Melella el 9 de octubre, y argumentó que la Provincia necesita generar mayores recursos para atender las demandas salariales y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos.

El mandatario reclamó que la discusión se diera “con seriedad” y cuestionó a sectores opositores que rechazaban las nuevas fuentes tributarias.

El debate, sin embargo, ya había obligado a introducir cambios importantes.

La Legislatura terminó retirando las tres medidas más polémicas

El 6 de octubre, la Comisión de Educación alcanzó un acuerdo para eliminar del proyecto las tres fuentes de financiamiento que habían generado mayor rechazo.

Quedaron afuera el adicional del 3% de Ingresos Brutos sobre el Banco de Tierra del Fuego, la alícuota del 3,4% sobre la distribución y transporte de gas y la afectación del 0,5% de Ingresos Brutos que podía reducir los recursos distribuidos a los municipios.

Eso significa que, aunque las cargas formaron parte del proyecto originalmente enviado por la gestión Melella, ya no integran la versión que continuó avanzando después del tratamiento en comisión.

La discusión sigue abierta sobre cómo reemplazar esos recursos.

El problema de fondo sigue sin resolverse

Eliminar los impuestos más cuestionados no elimina la necesidad de financiar el fondo.

El propio Gobierno provincial reconoce que el objetivo es sostener mayores recursos para salarios, infraestructura y equipamiento, mientras desde la oposición cuestionan si las nuevas fuentes previstas serán suficientes.

El 20 de octubre, legisladores de La Libertad Avanza estimaron durante el debate que algunos de los mecanismos tributarios analizados aportarían alrededor de $10.000 millones, y cuestionaron que esa cifra sea suficiente frente a las necesidades salariales y presupuestarias del sistema. Esa estimación corresponde a la oposición y forma parte de la discusión legislativa, no de una proyección oficial definitiva.

La Provincia enfrenta así una discusión que continúa abierta: después de 46 días de conflicto docente, necesita conseguir recursos adicionales para sostener el acuerdo y mejorar el sistema educativo, pero las primeras alternativas presentadas por el Ejecutivo encontraron resistencia por su posible impacto sobre el Banco provincial, el gas y las finanzas municipales.

La discusión ya no pasa únicamente por cuánto dinero necesita la educación fueguina, sino también por quién debe financiarlo y hasta qué punto ese costo puede terminar llegando al bolsillo de los vecinos.

Sí, tiene fuentes. Te dejo los links limpios para pegar al final de la nota como Fuentes:

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