Durante el presente mes, una serie de instituciones bancarias ubicadas en Corea del Sur fueron víctimas de un ataque informático coordinado por sistemas de inteligencia artificial, resultando en compromiso de información confidencial de usuarios.

El hecho, que afectó a nueve bancos, presenta una singularidad que va más allá de lo operativo: expone la completa inadecuación de la arquitectura legal penal para enfrentar delitos perpetrados por máquinas autónomas.

La cuestión que se abre es radical. El derecho penal se construyó históricamente sobre la base de la responsabilidad individual o colectiva, siempre humana. Presupone intención, consciencia y capacidad de discernimiento. Una inteligencia artificial no cumple ninguno de estos requisitos fundamentales.

Si una IA comete un delito, ¿a quién se procesa? Este interrogante ha dejado de pertenecer al terreno especulativo. Es una pregunta que jueces, legisladores y abogados enfrentan ahora en contextos reales.

Algunos señalan que la responsabilidad debe recaer en quienes crearon, implementaron o supervisaron el sistema. Otros sugieren que se requieren innovaciones legislativas radicales para establecer nuevas formas de imputabilidad adaptadas a esta realidad.

Lo que resulta evidente es que el ordenamiento jurídico internacional no está preparado. Las leyes penales fueron redactadas décadas o siglos atrás, cuando la idea de máquinas inteligentes era ciencia ficción. Hoy, esa ficción es cotidiana.

El ataque a los nueve bancos surcoreanos representa un punto de quiebre. Aunque en este caso solo hubo robo de información, el patrón establece claramente que los ataques de IA contra infraestructuras críticas son una amenaza presente y verificable.

Sin un marco legal actualizado, el sistema enfrenta una disyuntiva incómoda: o paraliza procesamientos judiciales por falta de responsables legales identificables, o busca culpables entre los agentes humanos, incluso sin certeza de su implicación directa.

Imagen: Nicholaus Choi / Pexels – Con informacion de Perfil