Un tribunal ordenó detener por sesenta días la implementación de la norma que baja la imputabilidad a los catorce años de edad. La resolución fue adoptada tras un habeas corpus presentado por la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo, que logró que la jueza hiciera lugar a sus argumentos.

La suspensión temporal impide que la medida entre en vigencia durante este período, manteniendo el régimen anterior de imputabilidad. Esta decisión judicial genera expectativas sobre cómo evolucionará el análisis legal de la norma cuestionada.

Desde el oficialismo surgieron críticas hacia el pronunciamiento. Patricia Bullrich, senadora de la coalición de gobierno, dirigió cuestionamientos al gobernador Axel Kiciloff y aludió críticamente al «garantismo» como una limitación para implementar medidas de seguridad pública. Sus declaraciones reflejaron la tensión entre distintos enfoques sobre política criminal.

La baja de imputabilidad había sido presentada como una iniciativa de seguridad pública, pero encontró oposición desde organizaciones de derechos humanos y garantistas que alertan sobre sus implicancias constitucionales. El conflicto evidencia posiciones encontradas respecto de cómo abordar la delincuencia juvenil.

La jueza consideró que existían argumentos suficientes en la acción constitucional para otorgar una medida precautoria que evitara cambios en el sistema legal mientras se dilucidan las cuestiones de fondo. Los sesenta días que durará esta suspensión se presentan como un tiempo crucial para que el sistema judicial continúe evaluando la legalidad de la normativa.

Imagen: Sora Shimazaki / Pexels – Con informacion de La Nación