El senador fueguino Agustín Coto incitó a endurecer las penas para quienes provoquen incendios de bosques nativos durante el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa protegerá el derecho de propiedad de los dueños y le dará herramientas a la justicia para desalojar usurpaciones en semanas.
Durante el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el senador fueguino Agustín Coto puso el foco en la necesidad de proteger a quienes sufren daños sobre sus propiedades y planteó que quienes provoquen incendios u otros perjuicios sobre terrenos y bienes ajenos deben asumir las consecuencias de sus acciones.
“Lo que se busca es que quien ha sufrido el daño por medio de un incendio sobre su propiedad, sobre la tierra en la que eventualmente se produce un siniestro de un incendio, no sea doblemente castigado”, sostuvo Coto.
“El que las hace, las paga”
El legislador remarcó que el proyecto busca establecer una mayor protección para los propietarios frente a situaciones en las que, además del daño provocado sobre sus bienes, deben afrontar largos procesos judiciales para recuperar o proteger aquello que les pertenece.
“Quien incendia un bosque es un delincuente. El que las hace, LAS PAGA y el que no, que viva tranquilo”, afirmó Coto al defender la iniciativa.
El planteo apunta especialmente a los casos en los que un incendio provoca daños sobre propiedades privadas o tierras productivas, de manera que las víctimas no terminen soportando además las consecuencias económicas y judiciales derivadas del accionar de terceros.
El derecho de propiedad está protegido por la Constitución
Coto también recordó que la protección de la propiedad privada está expresamente contemplada en la Constitución Nacional.
Durante su intervención citó el artículo 17, que establece que “la propiedad es inviolable” y que ningún habitante puede ser privado de ella sino en virtud de una sentencia fundada en ley.
El mismo artículo establece además que una expropiación por causa de utilidad pública debe ser previamente calificada por ley y acompañada por la correspondiente indemnización.
Más herramientas para proteger a los propietarios
En ese marco, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada busca otorgar nuevas herramientas a la Justicia para acelerar los procesos vinculados con la ocupación ilegal y las usurpaciones.
La iniciativa apunta a reducir los tiempos de los trámites judiciales y permitir que quienes puedan acreditar la titularidad de un inmueble tengan mecanismos más rápidos para recuperar la posesión cuando una ocupación carezca de legitimidad.
El objetivo: que una usurpación no dure años
Uno de los puntos centrales del proyecto es evitar que los propietarios queden durante largos períodos sin poder disponer de sus bienes mientras se desarrolla un proceso judicial.
La propuesta busca que los desalojos puedan tramitar por una vía más rápida cuando existe un título de propiedad y una ocupación cuya legitimidad debe ser determinada por la Justicia.
De esta manera, el proyecto apunta a que una disputa por la posesión de un inmueble pueda resolverse en plazos considerablemente menores y que el derecho de propiedad no quede paralizado durante años.
Protección también para las tierras productivas
La defensa de la propiedad privada también alcanza a los terrenos rurales y productivos, donde una ocupación o un incendio puede generar consecuencias económicas que van mucho más allá del inmueble afectado.
El daño sobre una propiedad puede implicar pérdida de producción, deterioro del patrimonio y costos adicionales para sus titulares. Para Coto, quienes sufren estas situaciones no deberían terminar siendo doblemente castigados por las demoras del sistema judicial.
Una Justicia con herramientas para actuar más rápido
El proyecto busca, en definitiva, fortalecer la protección jurídica de los propietarios y darle a la Justicia herramientas para actuar con mayor rapidez frente a ocupaciones ilegales, usurpaciones y situaciones que afecten el derecho de propiedad.
El planteo parte de una premisa central: quien cumple con la ley y es titular de una propiedad debe poder disponer de ella y contar con una respuesta efectiva del Estado cuando ese derecho es vulnerado.
“Queremos que se respete la Constitución Nacional y que la expropiación/ocupación deje de ser una práctica habitual en la República Argentina”, sostuvo Coto.
La iniciativa se presenta así como parte de una agenda orientada a reforzar la seguridad jurídica, proteger el patrimonio de los propietarios y establecer que quienes provoquen daños sobre bienes ajenos deberán responder por sus acciones.
PERIÓDICO DE LA PATAGONIA 
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