La administración estatal resolvió abolir la dotación presupuestaria encargada de financiar pasajes sin cargo en transporte para personas con discapacidad e infantes diagnosticados con cáncer. A través de resoluciones oficiales, el Ejecutivo fundamentó esta acción citando la falta de respaldo económico para continuar con estos programas de ayuda.

Sin embargo, la garantía de acceso sin costo al transporte permanece vigente y sigue siendo exigible según la normativa legal en vigor. Las disposiciones que protegen esta prestación no fueron tocadas por la administración actual.

Según la posición oficial, «la continuidad de las compensaciones previstas en las resoluciones previas carece de sustento». Esta evaluación refleja el análisis del gobierno sobre la viabilidad de mantener estos fondos de manera continua.

En el contexto argentino, la accesibilidad al transporte público para ciudadanos en situación vulnerable ha sido siempre un eje importante de las políticas de inclusión social. Personas con discapacidades y menores aquejados por patologías oncológicas dependen de esta facilidad para trasladarse a centros asistenciales, cumplir compromisos educativos y conservar su conexión con el entorno comunitario.

La derogación del fondo ha despertado preocupaciones en espacios dedicados a la protección de derechos de personas con discapacidad. Por el momento, las modalidades que reemplazarán al sistema anterior siguen sin definirse públicamente.

El gobierno comunicó que se sopesarán alternativas orientadas a resguardar la cobertura recurriendo a diferentes fuentes presupuestarias o mecanismos operativos alternativos. Los ciudadanos calificados para acceder a este beneficio mantienen su derecho de reclamo apoyados en la legislación que lo reconoce.

Se prevé que en breve se comunique información detallada sobre los nuevos procesos y las modalidades de financiamiento que operarán en reemplazo del fondo suprimido.

Imagen: Nataliya Vaitkevich / Pexels – Con informacion de La Nación