La nueva normativa establece que el resguardo se enfocará en áreas con relevancia hídrica, y redefine el rol de las provincias en la evaluación ambiental.
La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. La modificación introduce cambios en la forma en que se determinan las áreas protegidas y en los mecanismos de control sobre estos ecosistemas estratégicos.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la redefinición del alcance de la protección. A partir de la reforma, sólo quedarán bajo resguardo los glaciares y ambientes periglaciares que cumplan una función hídrica particular. Este cambio busca precisar la aplicación de la ley y evitar interpretaciones amplias sobre qué zonas deben ser protegidas.
Además, la iniciativa introduce modificaciones en el esquema de control y evaluación. Las provincias pasan a tener un rol más activo en la determinación de qué áreas cumplen con los requisitos de protección, mientras que el sistema deja de basarse en prohibiciones generales para pasar a evaluaciones de impacto ambiental caso por caso, a cargo de las autoridades locales.





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